Auditores estatales asaltan el condado de Palm Beach: ¡Dólares de los contribuyentes bajo fuego!
DOGE de Florida revisará el gasto del condado de Broward del 18 al 19 de agosto, con el objetivo de reducir los impuestos a los residuos y a la propiedad en medio de presupuestos en aumento.

Auditores estatales asaltan el condado de Palm Beach: ¡Dólares de los contribuyentes bajo fuego!
En un esfuerzo por apretarse el cinturón fiscal, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (DOGE) se está embarcando en una revisión exhaustiva de las prácticas financieras del condado de Palm Beach. Programado para el 18 y 19 de agosto, los funcionarios de DOGE revisarán el gasto de los gobiernos locales en un intento por identificar áreas de desperdicio. De acuerdo a Semanario Nacional del Caribe, esta iniciativa es parte de una estrategia estatal encabezada por el gobernador Ron DeSantis para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera efectiva.
La revisión llega inmediatamente después de una carta preocupante recibida por la alcaldesa del condado, María Marino, el 7 de agosto, que señalaba un aumento de casi $480 millones en la recaudación anual de impuestos a la propiedad desde el año fiscal 2020. Enfatiza el deber de los funcionarios electos de administrar el dinero de los contribuyentes de manera inteligente y responsable. Ahora que el presupuesto del condado de Palm Beach alcanza la asombrosa cifra de $8.8 mil millones para 2024, que incluye asignaciones para múltiples departamentos, incluidos casi $1 mil millones para la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, la preocupación por la supervisión financiera está aumentando palpablemente.
El proceso de revisión
La auditoría de DOGE no será sólo un paseo por el parque. Incluye examinar varios aspectos del presupuesto del condado. Específicamente, la agencia ha solicitado datos vinculados al "Green New Deal", inversiones en tecnología ambiental, estadísticas de transporte sobre dispositivos para calmar el tráfico y una cuenta detallada de los gastos relacionados con los programas de servicios para personas sin hogar. También sobre la mesa: un inventario de propiedades propiedad del condado y detalles de compensación del personal para empleados con altos ingresos. Esta minuciosidad refleja un enfoque dirigido a la transparencia y la eficiencia, y potencialmente podría recalibrar la forma en que se administra el dinero en todo el condado.
Pero no es sólo el condado de Palm Beach el que siente la presión. También se están llevando a cabo revisiones similares en otras jurisdicciones de Florida, incluidos el condado de Broward y Orlando, donde los gobiernos locales están siendo examinados como parte de una iniciativa estatal más amplia. Como lo señaló WLRN, a pesar de algunas quejas de los líderes municipales sobre la eficiencia de tales solicitudes, el cumplimiento ha sido en gran medida el nombre del juego.
El proceso ha resultado engorroso para algunas ciudades, y el administrador de la ciudad de South Bay, Leondrae Camel, reveló que su personal pasó 32 horas en las hojas de cálculo requeridas. Júpiter enfrentó desafíos similares, dedicando tiempo a recopilar datos e incurriendo en costos para contratar ayuda de auditoría externa, todo debido a estrictos mandatos de cumplimiento que amenazan con fuertes multas por falta de cooperación.
Contexto estatal y respaldo legislativo
El telón de fondo del escrutinio intensificado de DOGE proviene de un movimiento más amplio iniciado por el gobernador DeSantis. En práctica desde el 31 de julio, esta iniciativa tiene como objetivo descubrir gastos innecesarios para aliviar la carga del impuesto a la propiedad de Florida. Tallahassee.com señala que el alcance de los poderes de DOGE se consolidó como ley a principios de este año, otorgando a la Oficina de Política y Presupuesto acceso directo a los registros financieros locales. En particular, la ley enfatiza la supervisión del gasto relacionado con la diversidad, la equidad y la inclusión, junto con posibles despidos e ineficiencias.
Con el presupuesto del condado de Palm Beach aumentando un 35,6% desde 2021, una época en la que la población local creció sólo modestamente un 2,9%, no es difícil ver por qué los líderes estatales están interesados en revisar las estrategias fiscales. El gobernador DeSantis ha hecho público su malestar con los impuestos a la propiedad, con el objetivo de abordar lo que considera injusticia al gravar las ganancias no realizadas del valor de la propiedad. Sin embargo, a pesar de presionar para que se incluyan en las boletas recortes de impuestos a la propiedad, sus iniciativas han encontrado poca tracción en la Legislatura.
Con la esperanza de eliminar parte de la influencia de los gobiernos locales, el Fiscal General James Uthmeier ha expresado su compromiso de apoyar la investigación de DOGE y responsabilizar a cualquier irregularidad. Sobre el terreno, líderes del condado como el comisionado Gregg Weiss han expresado su disposición a cooperar con DOGE, sin dejar de reconocer la naturaleza compleja de los servicios del condado. Este espíritu de cooperación podría ser simplemente el puente hacia soluciones sensatas mientras el Estado navega por estas turbias aguas fiscales.