Trump busca el visto bueno de la Corte Suprema para derrocar a los líderes demócratas de la CPSC
La administración Trump busca destituir a tres miembros demócratas de la CPSC, lo que desató una batalla en la Corte Suprema sobre el poder presidencial y la independencia de la agencia.

Trump busca el visto bueno de la Corte Suprema para derrocar a los líderes demócratas de la CPSC
En un importante tira y afloja legal, la administración Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema que destituya a tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC). Esto se produce después de que el presidente Trump intentara destituirlos a principios de mayo. Tras sus acciones, un juez federal reintegró a los comisionados, preparando el escenario para un complejo choque sobre la autoridad presidencial.
El Departamento de Justicia sostiene que Trump tiene el poder de despedir a miembros de la junta directiva de agencias independientes, señalando un fallo reciente que apoya el control presidencial sobre esos puestos. Esta última medida apunta a una orden inmediata para ejecutar los despidos, enfrentando la oposición de los abogados que representan a los comisionados. La CPSC desempeña un papel crucial en la protección de los consumidores de productos peligrosos mediante acciones como retiradas del mercado e imposición de impactos legales a las empresas que no cumplen con los estándares de seguridad.
El papel de la CPSC
Establecida en 1972, la CPSC está formada por cinco comisionados nombrados por el presidente por períodos de siete años. Exige una estructura bipartidista, asegurando que no más de tres comisionados provengan del partido del presidente. Sin embargo, el intento de Trump de destituir a estos tres demócratas, inicialmente designados por el presidente Biden, despierta dudas sobre la influencia política y la independencia de dichos organismos reguladores. En junio, el juez federal de distrito Matthew Maddox dictaminó que los despidos fueron ilegales, destacando el papel único de la CPSC en contraste con otras agencias ejecutivas donde los despidos podrían conllevar menos restricciones. Este fallo tiene implicaciones importantes, ya que subraya la independencia que agencias como la CPSC mantienen frente a los caprichos del poder ejecutivo.
El contexto legal se complica ya que la mayoría conservadora de la Corte Suprema había optado anteriormente por no reintegrar a miembros de otros órganos independientes, como la Junta Nacional de Relaciones Laborales. El caso en curso cuestiona el precedente sentado durante la decisión de 1935 en el Ejecutor de Humphrey, que salvaguarda los puestos de los comisionados contra el despido arbitrario.
Lo que está en juego legalmente
La medida para destituir a los miembros de la CPSC no se produce en el vacío. Consumers’ Research y By Two LP presentaron anteriormente un recurso ante el Tribunal Supremo vinculado a esta situación. Esta apelación tenía como objetivo cuestionar los fundamentos constitucionales del control presidencial sobre los líderes de agencias independientes, pero fue rechazada por la Corte sin ningún comentario ni desacuerdo por parte de los magistrados. Buscaban claridad sobre la capacidad del presidente para despedir a empleados de la agencia sin justificación.
La administración de Biden sostiene que el caso carece de fundamento, ya que surgió de cuestiones relacionadas con solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por los grupos de investigación. La disputa, conocida formalmente como **Consumers’ Research v. Consumer Product Safety Commission, 23-1323**, marca un momento crucial en la definición de los límites del poder ejecutivo con respecto a las agencias independientes.
A medida que se desarrolla la batalla legal, uno no puede evitar preguntarse: ¿reconsiderará la Corte Suprema su postura sobre la supervisión de agencias independientes y el alcance del ejecutivo? ¿Qué ramificaciones podría tener esto para otros organismos federales y cómo afectará las políticas de seguridad del consumidor en el futuro? Hay algo que decir sobre cómo este caso resalta el delicado equilibrio de poder en la gobernanza y el papel esencial que desempeña la protección del consumidor en los marcos regulatorios.